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Utiliza a ERC y los PGE contra los madrileños y susimpuestos

La enmienda número 9 de ERC al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 v ha generado ya, un terremoto político de consecuencias imprevisibles. El texto en cuestión insta al Gobierno de España a modificar la regulación del Impuesto de Patrimonio 

Actualizado 20 noviembre 2020  
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Redacción y Agencias
  



La moificaciomn supondria la implantacion de una cuota estatal en esa figura, de modo que si alguna comunidad autónoma - como sucede con la Comunidad de Madrid - decide bonificar al 100% la cuota autonómica del impuesto, el Estado continúe cobrándolo y se quede con toda esa recaudación, que en la región capitalina ascendería a más de 1.000 millones de euros. En otras palabras, que el impuesto continúe siendo operativo, aunque alguna autonomía decida desactivarlo.

El Gobierno d Díaz Ayuso se malicia que tras esa enmienda late la intención del Gobierno Central de reinstaurar bajo cuerda el Impuesto de Patrimonio en la Comunidad de Madrid y este viernes ha decidido salir a escena para denunciar lo que observa como una "agresión directa a los madrileños" y un ataque a las competencias de las comunidades autónomas en materia fiscal, según ha denunciado el consejero de Hacienda y Función Pública del Gobierno regional, Fernández Lasquetty. "Estamos convencidos de que esto se ha hecho con el conocimiento del Ministerio de Hacienda", ha asegurado Lasquetty, descreído de las manifestaciones del Ministerio que aseguran que no tenían conocimiento de esa enmienda y que su plan continúa siendo tratar el asunto en el marco del debate sobre la reforma de la financiación autonómica. El consejero ha recordado que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, invitó en la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos de 2021 a los grupos parlamentarios a plantear alguna medida en este sentido cuando fue preguntada sobre la ausencia de medidas en los Presupuestos para armonizar el Impuesto de Patrimonio y no considera casual que uno de los socios preferentes de Sánchez haya presentado una enmienda de este porte en el trámite parlamentario. 

Lasquetty reconoce que no se han puesto en contacto con el Ministerio de Hacienda para testar cuáles son sus intenciones en relación a la posible tramitación de esta enmienda. "Pero hay una secuencia muy clara que viene desde hace más de año y medio y en la que han participado tanto el presidente del Gobierno, como la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista en el Congreso como la propia ministra de Hacienda en orden a intentar forzar a la Comunidad de Madrid a subir los impuestos a los madrileños, por la vía de la armonización fiscal". Las sospechas del Gobierno madrileño vienen alimentadas también por el hecho de que una formación soberanista como ERC plantee lo que el consejero Lasquetty ha etiquetado como "la primera recentralización de cualquier naturaleza que tendría lugar en España" al reclamar la recuperación por parte del Estado de las competencias en materia del Impuesto de Patrimonio, cuyo rendimiento y capacidad normativa está cedida desde el año 2009 de manera íntegra a las comunidades autónomas en virtud de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica.

La habilitación normativa que la Ley Orgánica de Financiación Autonómica hizo a las comunidades autónomas en relación al Impuesto de Patrimonio es uno de los argumentos jurídicos de más peso de los que dispone el Gobierno de la Comunidad de Madrid para oponerse a esa supuesta agresión, en el caso de que el partido socialista se avenga a dar carrete a la enmienda de ERC en el trámite parlamentario. Poco después de conocer el tenor de la enmienda republicana, el Gobierno Regional puso el asunto en manos de sus servicios jurídicos, cuyas conclusiones preliminares apuntan a que cualquier intento de modificar una ley orgánica como la de financiación autonómica con la Ley de Presupuestos no sólo es ilegal sino que contraviene al menos dos artículos de la Constitución Española.
El consejero de Hacienda ha confirmado este viernes que el Gobierno Regional acudirá a los tribunales si el 'bloque de la investidura' se aviene a dar trámite a la modificación legal que busca volver a cobrar el Impuesto de Patrimonio a los ciudadanos de Madrid, aunque anuncia que la batalla no sólo se va a dar en el plano jurídico sino principalmente en el político. Lasquetty ha avanzado que el Grupo Parlamentario Popular va a sacar el asunto en los debates parlamentarios sobre los Presupuestos para evitar que el episodio pase desapercibido y que la Comunidad de Madrid también va a hacer lo propio ante lo que considera como un ataque a sus competencias.

El consejero de Hacienda intuye que la intención del Gobierno no es quedarse en el Impuesto de Patrimonio sino atacar sobre todo el favorable marco fiscal que la Comunidad de Madrid ofrece a las herencias y donaciones. "Estamos hablando de cerca de 6.000 millones de euros, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dejado de cobrar a los madrileños y que los socialistas quieren ahora hacerles pagar", ha denunciado.
El Ministerio de Hacienda,  'sufrió' como consejera de Hacienda de Andalucía los efectos de la competencia fiscal madrileña, ha hecho suyo el discurso crítico de un puñado de comunidades autónomas que califican de 'dumping fiscal' la política de rebajas de impuestos llevada a cabo por la Comunidad de Madrid, y que ésta defiende como legítima, desde los tiempos de Esperanza Aguirre y que poco a poco ha ido desfiscalizando tanto la tributación sobre el Patrimonio como la que se realiza sobre las herencias o las transmisiones de bienes y títulos en vida. El consejero de Hacienda ha subrayado este viernes que ese debate es lícito, pero que debe hacerse con luz y taquígrafos y en el marco adecuado, con todas las comunidades autónomas y en el contexto del debate sobre la reforma de la financiación autonómica, no en el trámite de enmiendas de un proyecto presupuestario y con dudosa habilitación legal.
 
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