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VENTAS A PERDIDAS...

Periódicamente y casi siempre a través de denuncias ante las denominadas "autoridades competentes" en cuestiones relacionadas con el consumo, realizadas fundamentalmente por organizaciones de productores.

Actualizado 20 enero 2011  
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Redacción Agrolibre
  

Los comerciantes en general y principalmente las grandes cadenas distribuidoras, aparecen ante la opinión pública como los causantes de  grandes males  y responsables directos de todos los desequilibrios creados por el sistema capitalista, sistema que, mientras dura la crisis, pasa a apellidarse  como “salvaje” . Las denuncias parten generalmente  de los productores, no sería entendible que se realizasen por los consumidores o sus organizaciones beneficiarios de la bajada de los precios, y suelen basarse en las mal llamadas “ventas a pérdida” (nadie vende nada perdiendo en la transacción),  ventas definidas como realizadas por el comerciante por debajo de su  “supuesto coste”, por debajo del precio de compra al proveedor.

Ahora estamos en uno de esos momentos citados al comienzo. En Cataluña por ejemplo, se pretende que el precio de la Lonja de Bellpuig para el conejo sea obligatorio para todas las ventas de criadores, se realicen o no a través de la Lonja, nos dice y exige la J.A.R.C (Jóvenes Agricultores y ganaderos de Cataluña) y  en el resto de España el lío está montado con el aceite de oliva.

Todas las organizaciones profesionales agrarias, en especial la U.P.A y la C.O.A.G están en una guerra directa contra una gran distribuidora, en este caso Carrefour, porque, a esta cadena, se le ha ocurrido y ha realizado,  la “criminal idea” de vender aceite de oliva virgen extra, envasado con su propia marca, al precio de 1,80 euros litro, precio dicen inferior al de coste, inferior a las cotizaciones habidas por ese mismo tipo de aceite a lo largo del ejercicio pasado. 

C.O.A.G denuncia  que Carrefour ha cometido  cuatro pecados mortales,  a saber:
. Que a la denominación de aceite “virgen extra” se ha añadido, en algunos envases, la palabra “frutado”. (¡Qué monstruosidad verdad!, espero que se note la ironía.)
. Que vende a 1,76 euros litro de aceite virgen extra y ello no es posible porque  según ¿datos oficiales? el valor del litro de aceite siempre ha estado por encima de ese valor y porque además el propio MARM fija en su “Observatorio de Precios”, 2,49 euros como coste de producción.(¿ El precio del MARM es un  precio –dogma, o es un precio meramente indicativo y teórico ¿inclinado? Hacia el punto de vista del productor?)
.Que con esta decisión la cadena comercial “banaliza”, al utilizarlo como reclamo,  la imagen del aceite de oliva (en el supuesto de que sea así, “reclamar” a la gente con aceite de oliva es banalizar o por el contrario es dar lo más apreciado por todos, recordemos si con las campañas oficiales para incrementar el consuno también se banaliza), y
.Que se ha utilizado la crisis económica para utilizar prácticas comerciales abusivas, (de quién se abusa, ¿se abusa del consumidor?, ¿cómo?) y prohibidas con perjuicio evidente al proveedor (productor de aceite de oliva)( el proveedor suministra bajo contrato están ustedes seguros que a los proveedores se les ha forzado en la venta?)

Por su parte U.P.A, no sé si antes o después de C.O.A.G, insiste sobre el mismo tema, recordándonos las bases legales sobre las que pretende conseguir un aumento en el precio de las ofertas de aceite  de la cadena denunciada. U.P.A reitera con profusión  los argumentos ya citados con anterioridad amenazando además, y eso es nuevo,  a toda “empresa que venda presuntamente a pérdidas o por debajo de los ¿costes de producción?, con echarles el aliento de U.P.A en el cogote con todos los instrumentos y armas del Estado”. ¡Qué costes decimos nosotros! o es que sin saberlo nadie  ya se han decidido hasta los costes de producción en que deben incurrir todos los olivareros o, la nueva Ministra, por cierto desaparecida en combate hace ya algún tiempo, ha fijado un precio de venta para los envasadores y comerciantes de aceite.

Todo surge, a nuestro parecer, por la proliferación y calculada ambigüedad de las normas de aplicación, normas que, por el bien de todos, deberían desaparecer. En este campo como en casi todos los demás la sociedad está maniatada, estamos absolutamente socializados, todo está regulado para que el Estado pueda jugar a sus anchas en el campo y con el árbitro que precise, en cada caso, para ganar siempre la partida al individuo, al ciudadano. Hoy le interesa prohibir la venta barata de materias primas y tiene para ello la legislación adecuada, mañana suben los precios y puede también frenar a las empresas a través de la leyes de la competencia …

Las denominadas erróneamente “ventas a pérdida”, porque ninguna empresa nunca vende perdiendo, están reguladas de forma, como siempre, profusa y confusa para poder decidir lo que en cada caso convenga al poder político, así la Ley 3/1991, de 10 de enero,  Ley de Competencia Desleal  nos dice  en su art. 17 en relación con estas “ventas a pérdida” que, “salvo disposición contraria de las leyes o de los reglamentos, la fijación de precios es libre” pero que, y aquí empiezan los problemas y las dificultades propias de toda la actual y nefasta ,por socializante, legislación sobre el tema,  “no obstante la libertad en la fijación de los precios , la venta realizada bajo coste, o bajo precio de adquisición, se reputará desleal en los siguientes casos:
a. Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento.
b. Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno.
c. Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado.

Otra Norma de aplicación es la ley que regula el comercio minorista Ley 7/1996 de 15 de Enero  que en su art.14 dispone que la venta a pérdida puede efectuarse en diversos casos, tales como la venta de saldos (productos deteriorados, en desuso u obsoletos), de productos perecederos a punto de caducar o, con algunas limitaciones, de existencias de las que se disponga en caso de liquidación del negocio . También se permite la venta a pérdida cuando  quien la realice tenga como objetivo alcanzar los precios de uno o varios competidores con capacidad para afectar a sus ventas de forma significativa. Dicho de otro modo, la empresa puede adaptar su comportamiento a la dinámica del mercado, y si un competidor de cierto peso vende sus productos a precios inferiores, la empresa afectada puede reducir los suyos e incluso vender a pérdida.

Todo lo actualmente legislado sufre con la falsa teoría, muy extendido en nuestras economías occidentales, de que la gran empresa sigue la política denominada de los “precios predatorios”.  La política de los precios predatorios consiste en vender por debajo de costes eliminando así a los posibles competidores e imponer, posteriormente, precios elevadísimos a unos consumidores carentes entonces ya de toda alternativa. Se atrae inicialmente al consumidor a un consumo barato para posteriormente dejarle inerme ante el mercado. Es política, nos dicen los estatistas, de gran empresa, de grandes distribuidoras, capaces de aguantar pérdidas, el tiempo que se precise, para el logro de alcanzar el monopolio de la oferta. Así o basados en esta falacia, toda ella absolutamente falsa, se justifica la acción estatal, los controles estatales, las leyes antimonopolios, las leyes de defensa de la competencia, las leyes de competencias desleales, los horarios comerciales, las prohibiciones al comercio de todo tipo... la prohibición de las “ventas a pérdida”.

Una consideración más, ¿cómo es posible que subsista aún la imposibilidad de “vender a pérdidas” cuando es el Estado, el primer y mayor utilizador del sistema? El estado está de forma permanente “vendiendo a pérdidas” a través del instrumento de las Subvenciones, que por cierto en el actual gobierno son la causa principal del disparate económico en el que nos encontramos. La concesión de “subvenciones” supone el que las empresas subvencionadas vendan sus productos por debajo del precio de coste lo que acarrea una competencia absolutamente desleal en relación con las empresas o sectores no subvencionados.  La defensa de la competencia, montada por el estado, supone la anulación de la competencia, si todos tenemos que producir las mismas cosa y vender a precios similares, nos diferenciaríamos exclusivamente en determinadas rentas de situación concedidas por las administraciones, no habría desarrollo alguno, no podría existir la publicidad, ese instrumento que hace diferente el producto, ni la innovación, ni .......¡vamos que como muchos afirman ya, al Tribunal de la Competencia deberíamos empezar a denominarle como Tribunal de la Incompetencia, el verdugo de la Competitividad ¡ 

Finalmente conviene que todos recordemos la incoherencia que representa la coexistencia durante los meses de Enero y Febrero de rebajas generalizadas, en todos los productos, comercios, ciudades… etc, rebajas que en muchos casos llegan hasta el 70% de los  precios de venta  anteriormente marcados, con las denuncias y condenas de rebajas comerciales en algunos productos alimentarios y sobretodo en el “aceite de oliva”. 

Desde aquí seguimos y seguiremos  pidiendo libertad plena de movimientos para todos, productores, intermediarios, comerciantes, para que el mercado funcione y cumpla su papel, abandonemos el camino de las denuncias cuando creo que me convienen, el camino de los controles permanentes, el camino de las regulaciones excesivas, reduzcamos en todo lo posible la participación del Estado…que no nos engañen más.  

 


 
 

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