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Semana del 2 al 9 de diciembre de 2018

Vuelven las manifestaciones, que remedio

Para nuestra desgracia, ya empiezan a notarse en nuestro sector agrario las iniquidades y torpezas del gobierno actual y como no podía ser de otra manera, ya los agricultores y ganaderos comienzan a manifestar públicamente sus desconsuelos. Para mayor inri los mayores males nos vienen de las falsas progresías con las que el gobierno actual nos quiere anestesiar.

Actualizado 13 diciembre 2018  
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Redacción Agrolibre
  
Una vez que hemos olvidado los biocarburantes, paradigma de los últimos gobiernos, que recuerden todos ustedes supusieron una auténtica ruina para muchos, más de 1.000 millones de euros anuales durante más de una década y que el ciudadano español tuvo que pagar con sus impuestos, comenzamos a intentar otro tipo de "ecologetismos", de falsos ecologismos, vamos a ensayar todo tipo de  sostenibilidades, circularidades, cambios climáticos por doquier, abandonos a cualquier coste de  los combustibles fósiles, eso sí financiando el carbón por aquello del voto cautivo y  por supuesto electrificando al  cien por cien  nuestras vidas, ocultando que la producción de esas energías suponen las mismas emisiones de los denominados gases nocivos.
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Y como decimos el agricultor ha empezado a manifestarse y no solo en España cabeza europea destacada en todas las estupideces y ocurrencias que nadie quiere. El agricultor francés ha conseguido que su gobierno renuncie a una nueva subida de los impuestos sobre los carburantes a partir de enero, la primera de las reivindicaciones de los denominados ‘chalecos amarillos’, cuyas protestas han derivado en una crisis social sin precedentes en el país. También en  España ya se han iniciado las tractoradas para protestar por la situación del sector agrario en general y por el incremento del gasóleo agrícola en particular.
Las organizaciones agrarias aragonesas UAGA, ARAGA y UPA pretenden convertirse en canal y altavoz de la queja que los afectados han impulsado a través de las redes sociales por el incremento del precio del petróleo, de un 31% en el último año. Y es que, como pusieron de manifiesto, mientras en los años 80 el gasóleo tenía un coste de 24 céntimos, en la actualidad asciende a 87, mientras que la tonelada de cebada se paga al mismo precio que entonces, 170 euros.
La anunciada subida de los carburantes agrarios, la subida del gasóleo solo es una parte del problema que afecta a los trabajadores del campo, según la UPA, pues la realidad es que los agrarios se enfrentan a un continuo repunte de los precios de los “todos los insumos”,  como son los piensos para el ganado, las semillas, los fertilizantes o la electricidad, de tal modo que producir les “cuesta más dinero” y, en consecuencia, una bajada de la renta.

Nuestro Ministro sigue en sus inanidades, lean alguna, "para lograr una PAC fuerte es necesario acometer las negociaciones desde el trabajo conjunto con los interlocutores sectoriales y las comunidades autónomas. España está apostando por que los futuros reglamentos europeos de la PAC reconozcan de una manera más explícita el relevo generacional y la igualdad de género para frenar el proceso de la despoblación". ¡Qué les parece el líder que nos han mandado los europeos!
Y mientras tanto y tal como decíamos hace algunas semanas nuestro Ministro sigue haciendo dejación de sus funciones olvidando que él, sí él, es el Ministro Español de la cosa y el máximo responsable de la que se avecina con la futura PAC.
Así resulta ahora que "el Gobierno y las comunidades autónomas decidirán en enero si cambian los ritmos de trabajo para negociar una postura común sobre la futura reforma de la Política Agrícola Común (PAC), ante el previsible retraso en su aprobación por el Parlamento Europeo". ¿Y los más de dos años en los que se vienen teniendo estas reuniones de qué han servido?, ¿en que se perdió el tiempo y a qué se reunían si ahora resulta que  cada uno de los ministrillos autonómicos que nos desgobiernan opinan por su cuenta y riesgo?
Hay que esperar, nada de precipitaciones, nos dice Planas, a qué y para qué , decimos nosotros, si ya conocemos que habrá menos presupuesto y se impondrá una cierta renacionalización.
Eso sí como auténtico socialista intenta vendernos vende lo invendible y ante la minoración presupuestaria y la bajada generalizada de los pagos directos que se nos viene encima, nos dice que, " aunque la próxima PAC contiene planteamientos “totalmente distintos”, como los planes estratégicos nacionales, se consigue situar a los Estados ante una gran responsabilidad, ante un  reto político e intelectual. Y……., menuda cara tiene el gachó.
Se presenta una terminación de año ciertamente movida a la tractorada aragonesa se una la COAG en defensa de los apicultores, que se manifestarán bajo el lema de “En defensa de la miel española, por un sector apícola rentable y sostenible. Los extremeños pedirán la baja de su Presidente por las mismas causas de los aragoneses, el aumento en los insumos agrarios, fundamentalmente el gasoil y terminaremos, de momento  con los castellano-leoneses que también están a la greña con la Azucarera por el anuncio de que bajará los precios de la remolacha, incumpliendo así el acuerdo marco interprofesional firmado años atrás, que está vigente hasta 2020.
En fin que, como era absolutamente esperable del gobierno actual y de sus formas de actuar, todos, al comprobar la falta de resultados, al ver demostrada palpablemente su ineptitud e irresponsabilidad con las decisiones que adopta, estamos empezando a saltar a la palestra.
Revista de Prensa
- El Gobierno y las comunidades autónomas decidirán en enero si cambian los ritmos de trabajo para negociar una postura común sobre la futura reforma de la Política Agrícola Común (PAC), ante el previsible retraso en su aprobación por el Parlamento Europeo.
Así lo ha avanzado este martes 4 el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura del Senado, en la que ha señalado que “probablemente” el retraso sea de “uno o dos años” al no haber tiempo suficiente para su aprobación antes de las elecciones europeas de mayo.
EL MINISTRO ASUME QUE LO MEJOR ES “NO AGOTARNOS EN DISCUSIONES INTERNAS” SI HAY QUE ESPERAR
En este sentido, ha pedido “serenidad”, “no precipitarse” y enfocar los esfuerzos en “sacar un buen resultado” para España. Ante este nuevo horizonte, ve necesario estudiar con las autonomías si mantienen los ritmos de trabajo “o se ajusta al nuevo calendario” para “no agotarnos en discusiones internas”. la próxima PAC contiene planteamientos “totalmente distintos”, como los planes estratégicos nacionales que sitúan a los Estados ante “una gran responsabilidad”, que a su juicio “es un reto político e intelectual”.
En los términos actuales,
La sostenibilidad agraria, la incorporación de jóvenes y mujeres a las actividades del medio rural, la digitalización o evitar una renacionalización de la PAC son, según Planas, los principales objetivos que hay que perseguir.
En su intervención, Planas ha incidido en la situación derivada del Brexit y ha valorado que el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido mantenga la situación actual, al menos durante el período transitorio de salida, señalado para 2020.
En materia de sanidad animal, se ha centrado en la Peste Porcina Africana (PPA), sobre la que el Gobierno está haciendo “todo lo posible” para que “no haya ninguna posibilidad de aproximación” a España.
MACROGRANJAS, SANIDAD VEGETAL, FITOSANITARIOS Y REGADÍOS
Respecto al debate en torno a las macro-granjas, el ministro ha recordado la revisión de la normativa nacional para potenciar la preservación del bienestar animal, la salud y las condiciones veterinarias y medioambientales, pero ha defendido su viabilidad “si las condiciones -para su instalación- se cumplen”.
En sanidad vegetal, ha resaltado la futura normativa comunitaria de control fitosanitario en fronteras -al establecer inspecciones “sistemáticas” y no aleatorias- y, sobre “xylella fastidiosa”, ha destacado que España trabaja paralelamente en su erradicación y en investigación.
España “no puede quedar atrás” en ese movimiento dentro de la UE que defiende un uso “más restrictivo y riguroso” de los fitosanitarios, ha afirmado Planas, quien ha remarcado no obstante que los agricultores han de tener productos sustitutos “eficaces y equivalentes” a los que decidan sacarse del mercado.
En materia de regadíos, ha recalcado su importancia en la realidad agraria española ya que, con el 15,7 % de la superficie, produce más de las mitad de los productos agroalimentarios; datos que, a su juicio, justifican mantener un regadío “competitivo”, “eficaz” y “compatible” con un uso responsable del agua.
En la Comisión también se ha discutido sobre la política de seguros agrarios, y el ministro -tras lamentar los recortes que en su opinión aplicó el Gobierno del PP-, ha indicado que irán recuperándolo “poco a poco” en “los próximos años”.
En pesca, ha felicitado al sector por adaptarse a las exigencias normativas, especialmente en el área de preservación medioambiental.
En referencia a la prohibición de los descartes en toda la flota a partir del 1 de enero, ha apuntado que ha sido una tarea en la que ha trabajado con “muchísima diligencia” y ha reconocido que le hubiera gustado que sus antecesores en el cargo hubiesen trabajado “algo más” en este asunto para estar preparados.
En el ámbito de los acuerdos ha citado el de la UE-Marruecos -pendiente de ratificarse- y el de Guinea-Bisáu, sobre el que se ha conseguido su desbloqueo y espera que se “pueda concluir de forma eficaz” si mantienen los ritmos de trabajo que se están desarrollando.
Agroinformación.

-  El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, esperó hoy que la nueva Política Agrícola Común (PAC) sea un "cambio de juego" que ofrezca "mejores resultados a los agricultores y ciudadanos europeos por igual" y mejore la producción europea en ámbitos como la lucha contra el cambio climático.
La propuesta de la CE para la reforma de esta política, a partir del año 2020, depende aún de la aprobación del Marco Financiero Plurianual, en el que se espera un recorte del 5 % en esta partida.
Hogan defendió hoy la idea de que la Unión Europea (UE) dé una mayor subsidiariedad para los Estados miembros y las regiones, uno de los aspectos destacados de esta propuesta, que obliga a los países a presentar una serie de planes nacionales adaptados a sus necesidades agrícolas.
"La UE no puede decir a los Estados miembros lo que tienen que hacer si quieren ser competentes y tener buena calidad, los países tienen que presentar sus programas", afirmó el comisario en una rueda de prensa al término de su participación en una conferencia.
Hogan esperó que la nueva PAC dé "apoyo adicional" a los pagos directos a través de créditos y nuevas ayudas financieras que potencien las zonas rurales, e impulsen la atención al medio ambiente y a la producción ecológica.
El comisario irlandés también consideró que esta reforma supondrá "una distribución más justa de los pagos directos", gracias al techo máximo de ayudas propuesto, de entre 60.000 y 100.000 euros por explotación, para garantizar una distribución más equitativa.
Hogan pidió a los países que apoyen esta propuesta para lograr "impulsar a los pequeños y medianos agricultores".
"Los necesitamos para potenciar las zonas rurales", dijo.
El irlandés también se pronunció sobre el "brexit", uno de los asuntos que preocupan al sector por el agujero que dejará el Reino Unido en las arcas europeas, y dijo que la decisión está ahora en manos del Reino Unido, que votará en su Parlamento el acuerdo alcanzado con Bruselas el próximo martes.
"Tenemos un acuerdo y ese es el único cuerdo que está sobre la mesa, y es el único que estará (...) no tenemos otras propuestas para hacer cambios. El Reino Unido tomará la decisión final y esperemos que puedan tomar la correcta, porque las implicaciones de un 'brexit' sin acuerdo son malas para el Reino Unido y par la UE", advirtió.
Por otra parte, la Comisión Europea (CE) lanzó hoy una nueva herramienta estadística, disponible en línea, que permite analizar la situación de la agricultura europea y la evolución de las exportaciones agroalimentarias de la UE.
Estas se han duplicado en una década, hasta un valor de 138.000 millones de euros en 2017, y suponen un 17 % del total mundial, y que la agricultura representaba en 2016 el 13,5 % del empleo total en zonas rurales, frente a un 12,4 % en 2012. EFE
 
- En el marco del proceso de reforma de la Política Agraria Común para 2021-2027, esta semana comienza a discutirse los Reglamentos de la nueva PAC en la Comisión del Parlamento Europeo. No hay ninguna duda de que sector primario y el medio rural necesitan una Política Agraria Común, pero no esta PAC. La actual PAC es injusta en el reparto de las ayudas. Grandes empresas como Freixenet, Nueva Rumasa, El Pozo, Casa Tarradellas o Campofrío son algunas de las receptoras de montos considerables de ayudas para la producción agrícola. Estos millonarios de la PAC saldan sus cuentas a final de año con millones de beneficios, y, además, se embolsan unos tantos más procedentes de los presupuestos públicos. Los sucesivos gobiernos españoles que han negociado en la Unión Europea han llevado a Bruselas los intereses de la gran distribución, del gran sector agroindustrial y de los grandes propietarios, en lugar de defender los intereses de la mayoría de los agricultores y agricultoras que representan el modelo familiar y social de producción que ha sido nuestra seña de identidad en el mundo rural y que corre el riesgo de desaparecer (Unidos Podemos ha conseguido, hace unos meses, que las posiciones que lleve el Gobierno y el voto final, a partir de ahora, tengan que ser aprobados en el Congreso de los Diputados).
La PAC de la nueva etapa 2021-2027 tiene que poner en el centro al modelo de producción familiar, social y ligada al territorio, la industria agroalimentaria de cercanía y las comunidades rurales que manejan de forma sostenible los bienes naturales, el patrimonio forestal y los bienes culturales. No podemos seguir subvencionando el agronegocio y las macrogranjas; tampoco podemos utilizar los fondos de la PAC para el pago de jubilaciones, los fondos no están para esto; como tampoco pueden cobrar ayudas tierras de aeropuertos, campos de deporte, tierras de ferrocarril o urbanizadoras. La PAC tiene que estar al servicio de las personas que viven del campo para poder mantener modos y medios de vida.
Las ayudas de la PAC deben garantizar una justa compensación de las rentas agrícolas siempre que resulten insuficientes, sabemos que las rentas agrarias están lejos de la renta media nacional, entre un 20-35% más baja. El precio debería ser la principal fuente de ingreso y renta en las explotaciones agrarias pero no lo es, de ahí la necesidad de las ayudas; por lo tanto, estas ayudas tienen que servir para la equiparación y el sostenimiento de la renta agraria además de para garantizar la continuidad de pequeñas y medianas explotaciones que son las que mantienen nuestro mundo rural. Esto requiere vincular las ayudas a la renta agraria y acabar con el sistema actual basado en derechos históricos porque están vinculados a la superficie agraria, regionalizados y basados en rendimientos históricos. Es un reparto injusto e ineficaz. El sistema de ayudas directas que están vinculadas al volumen de producción tampoco es justo porque quien más produce más cobra, y resulta que son los perceptores que tienen las posibilidades de impulsar economías de escala en sus producciones y que, probablemente, sean los que menos las necesiten.
Nuestra propuesta es un sistema de ayudas directas desvinculadas de la producción y vinculadas a la renta, pero siempre condicionadas a la actividad productiva. Este sistema de ayudas estará abierto a todas las personas agricultoras y ganaderas con independencia de la producción que desarrollen y del territorio. Todos los sectores son potencialmente perceptores, no como actualmente donde unos sectores, como el tomate de industria, están sobrefinanciados y otros, como el porcino, cunícola, aviar o frutas y hortalizas, sin ayudas.
Hay que apostar por asegurar el relevo generacional y la presencia de mujeres en el campo. Sabemos que no es una cuestión solamente de fondos de la PAC, que se necesitan otras acciones como formación, asesoramiento y, sobre todo, acceso a la tierra y a medios, que hoy en día son los condicionantes que impiden la instalación de jóvenes y mujeres en el medio rural. Pero, refiriéndonos a la PAC, defendemos el pago complementario a jóvenes incrementando el pago básico hasta con un 50% durante 5 años y eliminando la limitación actual del 2% de los fondos destinados a esta medida. Se añade el pago complementario del 50% para las mujeres que se incorporen y acumulable a la ayuda a jóvenes y también durante 5 años.
Defendemos también la pluriactividad y la multifuncionalidad. Queremos que se contabilicen las actividades de transformación y comercialización de productos generados en su explotación tanto para el genuino, agricultor profesional como para el activo, a tiempo parcial.
La nueva PAC debería ser también una política alimentaria que fortalezca el derecho de la ciudadanía a una alimentación sana, segura y de calidad. En coherencia, debe priorizarse la alimentación por encima de la producción de agrocombustibles y avanzar en la progresiva reducción de los pesticidas en general, y el glifosato en particular, cuestión de justicia medioambiental. El sector agrario, como el sector productivo en general, tiene que orientarse a incentivar prácticas para la transición ecológica en un contexto de cambio climático. Las medidas que se implanten en la condicionalidad ambiental tienen que tener relación directa con los objetivos de cambio climático establecidos en el Acuerdo de París.
Proponemos mantener el pago ambiental complementario al pago básico pero su cobro tiene que estar condicionado a un estricto cumplimiento de indicadores de impacto ambiental y no solo del cumplimiento de actuaciones previstas en un catálogo cerrado. Dentro de las ayudas ambientales proponemos también que con cargo al Fondo Horizon Europe, fondo aparte de los fondos de la PAC, un apoyo a la aplicación de medidas de innovación social y tecnológica vinculadas a esta transición ecológica del modelo productivo. Y es imprescindible que estas ayudas se dirijan a las pequeñas y medianas explotaciones para que no queden excluidas del proceso de adaptación tecnológica que va a tener que hacerse en un futuro cercano.
Estas son las claves que proponemos para una PAC coherente y ambiciosa en objetivos sociales y ambientales que contribuya a la construcción de la Europa de los pueblos que queremos. No estamos solas en esta tarea, es un reto conjunto para la nueva izquierda europea y, en este sentido, Bloco de Esquerda (Portugal), la France Insoumise (Francia) y Unidos Podemos hemos acordado un manifiesto conjunto en el que se establecen los principios que debe defender una nueva política agraria europea justa e innovadora.
Lucía Otero. Responsable del Mundo Rural de Podemos.

-Agricultores y ganaderos de Aragón han organizado hoy -5 de diciembre- en Zaragoza una tractorada para denunciar los altos costes de producción que tienen que soportar.
Los representantes de las tres organizaciones agrarias que han convocado la protesta (UPA, Araga y UAGA) han precisado que la subida del precio del gasóleo ha sido la “gota que ha colmado el vaso”.
El secretario general de UAGA, José Manuel Penella, ha explicado que han canalizado el sentimiento que las bases agrarias han manifestado a través de las redes sociales. Sin embargo, según Penella, la subida del gasóleo solo es una parte del problema que afecta a los trabajadores del campo, pues la realidad es que se enfrentan a un continuo repunte de los precios de los “todos los insumos”,  como son los piensos para el ganado, las semillas, los fertilizantes o la electricidad, de tal modo que producir les “cuesta más dinero” y, en consecuencia, una bajada de la renta.
Los convocantes esperan que sea la primera de una movilización a gran escala por todas las comunidades autónomas.
A su juicio, la PAC no está cumpliendo los objetivos de compensar la renta agraria y está “más pensada para los que se van”.
Agropopular.

- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy -7 de diciembre- el Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para el impulso de la Competitividad Económica en la Industria y Comercio, que incluye la prohibición de la `venta  a pérdidas´ en los supuestos en que se consideren prácticas desleales.
El Real Decreto-Ley modifica el artículo de la Ley de Comercio Minorista que regulaba la `venta a pérdidas´ y que declaró nulo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), en una sentencia de 2017.
La nueva  normativa prohíbe ese tipo de ventas (por debajo de los costes de producción), en el caso de determinadas prácticas, si se consideran desleales.
Según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el Real Decreto-Ley supone reintroducir la prohibición de esta práctica desleal en la legislación española, con la mayor seguridad jurídica, conforme a le normativa de la Unión Europea (UE).
Asimismo, ha señalado que con esta normativa y con la Ley para la mejora del funcionamiento de la Cadena Alimentaria, se dan “pasos adelante para la preservación del valor de los productos agroalimentarios en toda la cadena, en beneficio de los agricultores y ganaderos”. agropopular.
 

- La Presidenta de la Federación Española de la Dehesa (Fedehesa), María Pía Sánchez, ha mostrado su satisfacción con esta decisión judicial europea señalando el inmenso trabajo y lucha incansable de la federación y de todas sus entidades asociadas para lograr un trato justo para la dehesa, fruto de esfuerzos compartidos. “Un reconocimiento claro, incluso a nivel judicial, de la singularidad de la dehesa y de la necesidad de que este ecosistema sea reconocido y tratado de manera diferencial en la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que está en marcha”, ha señalado. “
Es una gran noticia para este ecosistema que es modelo de desarrollo sostenible para España”, añadía Sánchez en declaraciones a los medios. Esta decisión judicial tiene lugar tras el recurso de anulación que en su día presentó España, a instancias, entre otros, de la Junta de Extremadura y de Fedehesa, contra la decisión de la Comisión Europea de excluir de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados con cargo a los fondos FEADER y  FEAGA, y que afecta a las superficies de pastos permanentes declaradas en las campañas 2009 a 2013.
El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea publicaba hace unos días una sentencia que estima parcialmente la demanda que España interpuso contra la decisión de la Comisión Europea de aplicar una importante corrección financiera en relación con la admisibilidad de las superficies de pastos declaradas en el marco de las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC 2009-2013). Esta corrección ascendía a más de 260 millones de euros para dicho período y penalizaba especialmente a las superficies de pasto arbustivo y a las superficies de pasto arbolado declaradas en España para el cobro de las ayudas de la PAC.
En concreto, la sentencia anula la decisión de la Comisión en lo que se refiere a dos tipos de superficie , como es la superficie de pasto arbolado ubicada en la dehesa, que había sido penalizada con una corrección del 25% sobre los pagos realizados en la misma. Para el Tribunal ha quedado demostrado que su admisibilidad como superficie para el uso ganadero es superior a la de otros tipos de pasto arbolado, por lo que en ningún caso debería recibir una corrección de esa magnitud.
Por otro lado, la superficie de pasto arbustivo declarada por ganaderos que hacen un uso forrajero fundamental de dicha superficie, en cuyo caso la Comisión había impuesto una corrección del 10% sobre los pagos ejecutados en dicha superficie, considerando el Tribunal que dicho cálculo no se ajusta a Derecho.
De esta forma, la decisión del Tribunal supone para la Federación Española de la Dehesa una reducción de la corrección financiera inicial, así como un reconocimiento a las superficies de los pastos arbustivos y arbolados mediterráneos que se declaran en el marco de la PAC y que son utilizados por los productores en sus explotaciones de ganadería extensiva en todo el territorio nacional. Desde España siempre se ha considerado que la citada corrección era desproporcionada y que no se estaba teniendo en cuenta el importante valor ambiental y forrajero de los pastos arbustivos mediterráneos, cuyo uso se estaba penalizando. Por ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentó una demanda para impugnar dicha sanción ante el Tribunal de Justicia de la UE.
EL IMPORTE MÁS ELEVADO CORRESPONDÍA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
De los 263 millones de euros de sanción impuesta al conjunto de España, el suroeste (Extremadura y Andalucía) era el más perjudicado con un 55% del importe total, correspondiendo casi un total de 80 millones a Extremadura, siendo el mayor importe del reparto entre once regiones debido a los 1,7 millones de hectáreas de dehesa afectadas en el territorio extremeño, según la Federación Española de la Dehesa.
En este sentido, el Director Ejecutivo de la Asociación de Gestores de Dehesas de Extremadura, Raúl Cabello, ha calificado esta decisión europea de “sensata, justa y positiva para el conjunto de sectores que en este ecosistema conviven, puesto que supone un avance en el reconocimiento real de un patrimonio español como es la Dehesa, cuya singularidad y complejidad debe estar presente en la normativa europea a través de un respaldo específico y un trato diferencial, favoreciendo su preservación y conservación de cara a la nueva Política Agraria Comunitaria”.
A su vez ha destacado la importancia de la Dehesa para Extremadura, puesto “que este ecosistema agro-silvo-pastoral y ganadero es un escenario clave para el desarrollo de numerosas actuaciones de sectores punteros de la región extremeña, siendo sustento de numerosos pueblos y comarcas, generando empleo y riqueza, y en definitiva, actuando como anclaje para el mantenimiento del medio rural”, concluía Cabello.
Agroinformación
 
- La Comisión Europea ha asegurado que no puede estar pendiente de diseñar, desde Bruselas, todos y cada uno de los detalles necesarios para satisfacer las necesidades del sector agrícola en toda la UE.
En una reciente conferencia de expertos organizada en Bruselas, Tasos Haniotis, funcionario de la Dirección General de Agricultura de Bruselas, defendió las propuestas del ejecutivo comunitario sobre la nueva PAC “post 2020”, al asegurar que el objetivo primordial ahora es un cambio de mentalidad.
 “El objetivo es desarrollar un marco regulatorio que intente resolver la tensión entre la simplificación y la subsidiariedad. No podemos diseñar desde Bruselas todos y cada uno de los detalles de lo que los agricultores tienen que hacer sobre el terreno”, subrayó.
Las nuevas propuestas de Bruselas para la PAC conceden más flexibilidad a los Estados miembros en relación con la aplicación de esa política comunitaria, e impulsan un enfoque más “a la medida” de cada socio, ajustado a cada país del bloque, en función de sus necesidades.
Los socios de la UE tienen de plazo hasta finales de este mes para presentar sus estrategias nacionales de la PAC.
Diversos sectores clave en el proceso han expresado sus reticencias acerca del nuevo modelo de PAC propuesto por la Comisión Europea, y han asegurado que existe, a su juicio, un riesgo de “re-nacionalización” de esta política. Por otro lado, el ejecutivo de Bruselas asegura que es la única alternativa, teniendo en cuenta las necesidades tan heterogéneas de los socios en materia agrícola.
Por su parte, João Figueiredo, el miembro del TCE responsable de la opinión de la alta institución comunitaria europea sobre cuestiones de la PAC, aseguró que la PAC podría no ser lo suficientemente complementaria con las políticas de combate y mitigación de los efectos nocivos del cambio climático que se plantea la UE.
“Nuestra opinión destaca el riesgo de que la PAC revisada, tal como se propone actualmente, no contribuya suficientemente a esas políticas (de lucha contra el cambio climático)”, aseguró Figueiredo a EURACTIV.com
El TCUE ha lanzado desde marzo pasado varias advertencias a la Comisión Europea, al publicar su opinión en este asunto, en el sentido de que el futuro gasto agrícola de la UE debería basarse en objetivos de rendimiento ambiciosos y relevantes.
“También es necesario gastar los fondos allí donde puedan lograr un valor añadido significativo”, asegura el TCUE.
(Texto: Sarantis Michalopoulos (EA.com)/Versión española: F.Heller EURACTIV.com)
 
- Terreno fértil, agua, sol. Es lo que necesita un agricultor para tener una buena cosecha. Pero hay un factor extra que lo mantiene en vilo con el que pocos cuentan: el precio del diésel. En un año, el litro ha subido 18 céntimos. Y se están ahogando.
Las cosechas aragonesas, extensivas en su mayoría, son de las que más diésel requieren. Por ello, el pasado miércoles 5 de diciembre cientos de tractores (con consumos medios de 25 litros a la hora) salieron a las calles de Zaragoza para reclamar soluciones. Aunque es un problema que afecta a todos los agricultores y a todos los cultivos. En España hay 265.000 agricultores registrados en la Seguridad Social y más de 200.000 tractores registrados.
¿Qué hace que el diésel sea tan determinante en la cadena productiva? El carburante está presente en casi todos los procesos. Por un lado, la maquinaria agrícola y los sistemas de regadío funcionan únicamente con diésel. Por otro, los abonos y fertilizantes se generan a partir del gas natural; su precio está determinado en tres cuartas partes por el precio del barril de Brent. Y a todo ello hay que sumarle los costes del transporte. La inflación del oro negro les está exprimiendo.
Aurelio lleva cultivando desde hace 30 años trigo, cebada, colza y girasol, en su mayoría. Trabaja todo el año en sus 100 hectáreas en San Miguel de la Ribera, en Zamora. En su haber, una nave y un tractor, con sus respectivos aperos de labranza. Arados, cultivadores, rastrejos, sembradoras, abonadoras y herbicidas. La segadora funciona aparte.
Cuenta a EL ESPAÑOL que, gracias a las nuevas técnicas de cultivo y las nuevas variedades de semilla, las explotaciones son más productivas. Pero los costes aumentan a un ritmo aún más alto. "Antes, podíamos vivir con 50 hectáreas de terreno. Ahora, necesitas 150 o 200 para sacarle el mismo beneficio", recuerda Aurelio González.
Sube el petróleo, se estanca el cereal
En su caso particular, la cebada prácticamente no ha variado su precio en diez años, según los datos del Ministerio de Agricultura. Y, aunque no dispone de datos con más antigüedad, los agricultores coinciden en que el estancamiento del precio viene de más atrás."Mi problema son los precios. Liquido el trigo al mismo precio al que lo hacía mi padre cuando yo tenía 10 años. Y tengo 50", explica Aurelio. "Él, con lo que ahorraba un año, podía comprar un tractor; yo necesito esperar cuatro o cinco años", detalla el agricultor.
El precio de la cebada se ha mantenido constante, pero no el del petróleo. Desde enero de 2017, el diésel tipo 'b' (el destinado a la agricultura) ha subido un 27%. Ha pasado de costar unos 70 céntimos a 88. Y, aunque pueda parecer un aumento insignificante, lo es todo para ellos.
"Si a un camionero le suben el precio del diésel, lo repercute a su cliente. Nosotros no podemos hacer eso, ya que quien fija los precios son distribuidores e intermediarios", lamenta José Manuel Roche, agricultor y secretario de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón (UPA). Es una de las regiones más castigadas por la subida del combustible, ya que gran parte del cultivo de secano extensivo se da en esta zona.
"Nos estamos gastando 350€ al día en gasóleo". Así de contundente se muestra José Manuel. "Si tuviéramos que pagar el gasóleo a 1'23€, tendríamos que cerrar. Si tuviéramos que pagar por él 1€ el litro, tendríamos que cerrar también. No podemos soportar ese coste de producción", advierte.
Este experimentado agricultor explica a EL ESPAÑOL que en el año 2005, agricultores y Gobierno llegaron a un acuerdo por el que se acordó la devolución del impuesto especial de hidrocarburos (IEH), que era de 76€ por cada 1000 litros. También, la deducción del 35% de las facturas soportadas del gasóleo en la declaración de la renta, la deducción del 15% en plásticos y la deducción del 15% en fertilizantes dentro del IRPF. En 2015, la devolución bajó de 76 a 63 euros y las deducciones desaparecieron.
"El diésel no se va a llevar ninguna explotación por el camino. Pero va a provocar que tengan que ceder terrenos, reducir su producción, reducir costes... puede que algún agricultor no pueda renovar sus tractores, ahora que vamos en la línea de buscar la eficiencia ecológica de los vehículos", pronostica.
Surtidores propios para combatir el riesgo de exclusión
Para paliar el gasto que supone alimentar sus máquinas, Aurelio, como la gran mayoría de agricultores en España, nutre sus máquinas en uno de los 800 surtidores de las propias cooperativas agrícolas.
Jesús Gustrán es técnico en el Departamento Jurídico y de Seguros de Cooperativas Agroalimentarias de España, que defiende los intereses económicos y sociales de las cooperativas. "Si no fuera por estas estaciones de servicio automáticas no vigiladas, en España habría un gran problema de exclusión hacia los agricultores", declara el técnico. Por las características demográficas que tenemos, hay muchos pueblos en los que no hay una gasolinera en 50 kilómetros a la redonda. "Se arruinarían de no tener sus propios surtidores", añade.
Para alguien que no tenga conocimientos en agricultura, puede hacerse una idea de que un tractor debe tener un elevado consumo de combustible. EL ESPAÑOL ha hablado con Álvaro Almarza, miembro del Departamento de Marketing de New Holland, fabricante de maquinaria agrícola.
"Un consumo medio estimado (incluyendo todo tipo de labores, tanto pesadas como ligeras, y teniendo en cuenta que ya hay tractores que desarrollan una cierta potencia, de 200 cv en adelante) tendría un consumo de unos 25 litros/hora", especifica Almarza. Además, indica a este medio que la vida útil que estiman de media a sus tractores es de 10.000 horas. Los costes, dependiendo del uso que necesite el agricultor, van desde los 20.000€ por un tractor de 20cv, hasta los 500.000€ los modelos más potentes de 700cv.
Aurelio cuenta que, por cada hectárea, pasa entre siete y ocho veces con el tractor y los diferentes aperos acoplados. 100 hectáreas, siete pasadas, 20-25 litros la hora, a unos 80 céntimos de euro el litro. Solamente en el funcionamiento de su tractor, que tiene que mantener y, llegado el caso, renovar cada cierto tiempo.
El gas, ingrediente principal del abono
Otro factor importante en el gasto mensual de los agricultores es el abono. Aurelio necesita entre 400 y 500 kg para abonar cada una de sus 100 hectáreas. "Hay que abonar el campo dos veces al año, una por sementera y otra por primavera". En su caso particular, cada hectárea le cuesta entre 150 y 160 euros. Casi en su totalidad, el precio está determinado por el precio del barril.
Fertiberia es uno de los principales vendedores de abonos y fertilizantes en España. Fuentes de la empresa explican a EL ESPAÑOL que "el abono se hace a partir del gas natural, con el nitrógeno que se obtiene del amoniaco. Entre el 50% y el 80% de lo que se compone el fertilizante es consumo de energía". De ahí que, cuando sube el precio del petróleo, suba el precio del abono.
El 5 de diciembre, más de 200 tractores recorrieron las calles de Zaragoza para hacer visible su empobrecimiento. "No es una manifestación contra el gobierno, sino por la situación que sufrimos por el encarecimiento de costes de producción", declara José Manuel, secretario de la UPA de Aragón. Sus rentas han disminuido un 13% en los últimos 15 años.
El Español.

- Las tres últimas semanas de este 2018, que ya ha enfilado su recta final, se presentan muy calientes y movidas en el campo español. El aperitivo de las movilizaciones tuvo lugar el miércoles 5 en Zaragoza, con una “tractorada” convocada por las organizaciones agrarias aragonesas para protestar por la subida de los costes de producción, especialmente del precio del gasóleo, que no se ve acompañada por incrementos en las cotizaciones de los productos que venden los agricultores y ganaderos. Para las próximas fechas están anunciadas nuevas movilizaciones.
Así, la COAG ha convocado protestas de los apicultores el martes 11 de diciembre en 18 capitales de provincia bajo el lema “En defensa de la miel española, por un sector apícola rentable y sostenible”. También están previstas concentraciones de protesta de los citricultores de la Comunidad Valenciana ante la que consideran una campaña catastrófica.
Por último, y de momento, en Extremadura hay convocadas dos tractoradas: la primera tendrá lugar en Mérida el lunes 17 y estará protagonizada por la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga) y por la Plataforma 27M en protesta por la subida de los costes de producción y contra la política agraria del Gobierno encabezado por el presidente Fernández Vara. Dos días después, el miércoles 19, la Unión de Extremadura se manifestará en esta misma ciudad para llamar la atención por los bajos precios de los productos agrarios mientras que los costes de producción no paran de crecer.
Mención aparte merece lo que está pasando en el sector de la remolacha y del azúcar. Aunque de momento no están convocadas movilizaciones, tampo hay que descartarlas a corto plazo, tras el anuncio hecho por Azucarera de que bajará los precios de la remolacha, incumpliendo así el acuerdo marco interprofesional firmado años atrás, que está vigente hasta 2020, incluido.
Ocurrió el martes día 4, cuando una nutrida representación del equipo directivo de esta empresa, que está en manos británicas, anunció la medida en cuestión a las organizaciones agrarias. Los representantes de estas últimas pusieron el grito en el cielo y recordaron a la empresa que ha ganado mucho dinero en España y que en esos momentos de bonanza no repartió los beneficios con los agricultores.
Otro tanto vinieron a decir los representantes de la Consejería de Agricultura de Castilla y León, encabezados por su titular, Milagros Marcos. La semana que comienza el día 10 van a tener lugar diversas reuniones a múltiples bandas para analizar la situación y ver lo que se puede hacer. En este contexto no se deben descartar protestas por parte de los cultivadores de remolacha, antaño muy combativos y hoy muy adormecidos, quizás porque su número ha disminuido en los últimos años.
Mientras tanto, la principal organización agraria francesa, la FNSEA, también ha convocado acciones de protesta en estos días por los graves problemas que tiene el sector, aunque desvincula sus movilizaciones de las que están llevando a cabo “los chalecos amarillos”, que han desembocado en importantes incidentes.
Cesar lumbreras. Agropopular.
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